La epopeya de corte en marcha que recién ha recibido cobertura en el Star Tribune demuestra la falta de vigilancia que ejerce los Servicios Regulatorios de Minneapolis sobre negocios de alquiler, mientras muestra las barreras estructurales, realidades económicos e injusticia racial que enfrentan los inquilinxs cuando intentan cumplir con sus necesidades más básicas de la vivienda. Nos encontramos en la posición terrible donde las prácticas de los propietarios crean daños constantes a los vecinos que viven, trabajan y crían sus familias en las comunidades de apartamentos en todo Minneapolis.

Hace tres años, la ciudad quitó las licencias de propietario notorio Spiros Zorbalas de todos sus 39 licencias de alquiler. Los apartamentos gobernados por estas licencias eran asequibles, pero plagado por abandono del largo plazo, intimidación del dueño, y plagas de animales. La ciudad, los inquilinxs de los edificios, y los oficiales públicos respiraron un enorme suspiro de alivio cuando Stephen Frenz de Apartment Shop se ofreció para comprar los 39 edificios.

La ciudad nos ha llevado creer que el problema fue resuelto. Solamente por el compromiso de trabajar directamente con los residentes y un experto trabajo legal ha salido la verdad.

Durante el año pasado, más de 300 inquilinxs de los edificios han trabajado con organizaciones, vecindarios, y la ciudad para revelar que no han habido mejoramientos sustantivos en sus viviendas. Todavía enfrentan reparaciones incompletas o inadecuadas, plagas de animales, y conducta vengativa e intimidante cuando invocan sus derechos.

La asociación de inquilinxs IX of Powderhorn Park llevó esta demanda de parte de la propiedad de 17 unidades. Esta propiedad fue calificado como “Tier 1” por la ciudad; fue considerado en buen estado y solamente inspeccionado cada 8 años.

¿Cómo es que un edificio con el ejemplo de la peor conducta arrendadora–ambos históricamente y actualmente–sido efectivamente ignorado por los reguladores? Para empeorar el asunto, según el propio testimonio de Frenz esta semana, Zorbalas posee una participación mayoritaria de la empresa que compró las propiedades de Zorbalas. ¿Cómo es que Zorbalas, un propietario prohibido de hacer negocio en Minneapolis, sigue siendo enriquecido por estas propiedades?

Un factor que contribuye a este crisis es que Minneapolis tiene dos sistemas que gobiernan las licencia y las inspecciones de unidades de alquiler. Uno es Servicios de Inspección de Vivienda, donde 30 inspectores supervisen las licencias para 26,293 unidades de rentar en edificios con 3 o menos unidades. El otro, Servicios de Inspección de Incendios, tiene 18 inspectores supervisando 79,800 unidades en edificios con 4 o más unidades. La mayoría de las unidades en los edificios grandes proveen vivienda para trabajadores pobres, las familias con niños de edad escolar y una mayoría de gente de color. Ambos grupos tienen otras responsabilidades, pero los números lo hace claro: Servicios de Inspección de Incendios no puede, ni en realidad inspecciona todas las unidades asignadas a ello.

Demandamos una investigación profunda en estas políticas para resolver el racismo que plaga nuestra ciudad. El ayuntamiento debe promulgar soluciones que dan prioridad a los inquilinos, incluyendo:

1. Un aumento en el presupuesto para Servicios de Inspección de Incendios para proveer, a lo mínimo, 10-15 inspectores más para cumplir el código de vivienda del estado y la ciudad, y prevenir abuso y represalias por propietarios. Esta inversión debe depender en la inclusión de inquilinxs en el cumplimiento de las regulaciones.

2. Control de Renta. Eso se puede acompañar con inversión pública en las reparaciones y mejoría de la eficacia de energía, especialmente en los edificios donde los inquilinxs pagan la calefacción.

3. Un Programa de Depósito de Alquiler (REAP) donde los inspectores pueden emitir los inquilinos un descuento de 10-70% de renta hasta que el propietario completa las reparaciones necesarias.

4. Iniciativas para que los propietarios reconozcan sindicatos de inquilinxs con el derecho de negociar colectivamente para que los inquilinxs puedan hacer cumplir la ley.

5. Protección de “Causa Justa” contra desalojo y la falta de renovar contratos de represalia para que los inquilinxs puedan abogar por la mejora de sus casas sin temor a perder sus hogares.

6. Dando los inquilinxs la opción de comprar esos edificios en dificultad si le revocan la licencia el arrendador.

 

Debe haber rendición de cuentas de estas violaciones del derecho humano a la vivienda y alojamiento. El futuro de la calidad de vida en nuestra comunidad está en peligro. En lugar de llevar a cabo planes defectuosos sin los inquilinxs implicados, las personas que viven en estas situaciones, hay que dar prioridad a los inquilinxs y construir una solución con ellos y ellas. Queremos que todos puedan vivir en un lugar donde pueden estar seguro y saludable; un lugar que pueden tener orgullo de llamar casa.